Los organismos públicos o privados están obligados a prestar colaboración a la
administración de justicia (tribunales y órganos de policía) en el procesamiento
de situaciones que deriven de la aplicación de la Ley Contra los Ilícitos
Cambiarios. Es así como el Banco Central de Venezuela (BCV), el Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), la
Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la
Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), la Superintendencia de la
Actividad Aseguradora (Sudeaseg), el Instituto para la Defensa de las Personas
en el Acceso para los Bienes y Servicios (Indepabis), el Servicio Administrativo
de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), la Autoridad Administrativa
en Materia Cambiaria (Comisión de Administración de Divisas Cadivi) y la
Autoridad Administrativa Sancionatoria en Materia Cambiaria (Ministerio del
Poder Popular con competencia en materia de finanzas), serán auxiliares de la
administración de justicia.