En la actualidad existen
varias casas de bingo o casinos licenciatarias legales que están en plena
actividad en virtud a un amparo constitucional emitido por el Tribunal Supremo
de Justicia en el año 2003 que ha permitido hasta la fecha, solventar de
manera parcial dicha situación de conflicto entre el Estado y los particulares.
En nuestro carácter de abogados litigantes en asuntos relacionados con casas
de bingo, casinos o traganíqueles, hemos notado que el inconveniente con
mayor índice de recurrencia es que en los últimos meses se ha registrado el
cierre de estas empresas sin procedimientos administrativos previos, lo que
viola varios derechos y garantías de orden constitucional. Estos procesos
administrativos vienen acompañados de medidas como allanamientos, con el
decomiso de bienes e incluso, las detenciones de trabajadores. Cuando se
violan los derechos y garantías constitucionales del ciudadano, es imperioso el
ejercicio de las acciones legales para restablecer la situación jurídica
infringida.