Cometen un grave error
quienes así actúen, por cuanto ello constituye una grosera y evidente violación a
los derechos y garantías constitucionales del contraventor. La solución es
constreñir por vía judicial a quien ha efectuado ampliaciones, modificaciones,
refacciones, construcciones, alteraciones o mejoras ilegales en el edificio. La
demanda consiste en pedirle al juez de la causa que ordene la destrucción de las
obras no autorizadas, más la indemnización dineraria por resarcimiento de los
daños y perjuicios ocasionados a los miembros de la comunidad o poseedores
de los apartamentos. Los abogados en Venezuela recomiendan a quienes se
sientan afectados por los eventos descritos recabar las pruebas necesarias antes
de ejercer las acciones correspondientes. Cualquiera de los copropietarios de los
apartamentos puede demandar que le sean respetados sus derechos.