El enemigo es la onerosa carga económica de una nómina sobreprotegida por el Estado
Es una realidad que explica por qué la empresa extranjera, una vez que invierte en el país,
termina por llevarse sus recursos e infraestructura. Y es que, tal y como está consagrado
nuestro régimen legal de prestaciones sociales, pareciera que no le es rentable al inversor
foráneo traer su capital. Lo primero que padece es el alto grado de inseguridad jurídica
respecto a los salarios de los empleados por contratar. El enemigo es la onerosa carga
económica de una nómina sobreprotegida por el Estado en recargo del empleador, dada
la ausencia de protección social. Examinemos una situación que se ventila de forma
recurrente en los tribunales de la República.
Camejus es licenciado en computación, egresado de una prestigiosa universidad nacional.
Introduce su curriculum vitae en diversas empresas. Transcurren varios meses hasta que,
al fin, recibe una oferta. Se trata de una compañía transnacional con intenciones de
invertir en Venezuela. Camejus es adscrito a un selecto grupo de profesionales que
prestarán sus servicios a un holding extranjero, con sede en territorio patrio. Al estudiar
los términos de la contratación de Camejus, observamos que no hay contrato por escrito
sino verbal; acuerdan que la normativa jurídica que regirá el convenio será la del país
contratante. Significa que no aplicará la legislación laboral venezolana; así se le planteó
desde un comienzo a Camejus, quien aceptó sin objeción alguna. Sobra sol spoli surtido suyo abogado en Caracas Venezuela….